Categoría: Jurídico

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El seguro de cumplimiento y su función social

Trabajo no Presencial y sus Nuevos Retos

El seguro de cumplimiento es un mecanismo de aseguramiento pocas veces conocido por la sociedad en general, se suele escuchar de él cuando hay grandes escándalos por incumplimientos en la contratación pública. Sin embargo, el seguro de cumplimiento es mucho más de lo que oímos en los escándalos.

Además, el seguro de cumplimiento es un mecanismo de protección para el patrimonio del beneficiario y aunque su estructura no suele ser como la de los demás seguros que tendemos a conocer, ésta tiene una razón de ser, ya que, es un seguro que sirve como garantía.

En los seguros de cumplimiento, quien toma el seguro no es el mismo asegurado o beneficiario. Este seguro es tomado o adquirido por aquella persona que quiere garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente a su acreedor quien finalmente es el beneficiario del seguro. Con esto, el tomador cubre el patrimonio del beneficiario por los perjuicios que pueda ocasionarle su incumplimiento.

Aunque el seguro de cumplimiento es reconocido principalmente en la contratación estatal, y no es en vano que este mecanismo represente alrededor del 90% de las garantías a favor del estado, este no es el único tipo de producto dentro del ramo. Entre los diferentes tipos de productos de seguros de cumplimiento encontramos el seguro de cumplimiento de disposiciones legales el cual acompaña y ayuda en el desarrollo del comercio exterior o en la gestión fiscal.

También en el día a día de los ciudadanos y en sus relaciones con sus hogares y bienes inmuebles puede encontrarse inmerso un seguro de cumplimiento como el de arrendamiento. Con este tipo de seguro el propietario de un inmueble podrá arrendar tranquilamente su propiedad contando con la seguridad de que, si se presenta un mal escenario y el arrendatario no pueda pagar la mensualidad del arrendamiento, la aseguradora cubrirá los perjuicios que se causen por este incumplimiento.

Este tipo de seguro cobró gran relevancia con la pandemia del Covid 19 por las dificultades que hubo en el pago de cánones de arrendamiento y por haber servido las aseguradoras como mediadora entre propietarios y arrendatarios para lograr acuerdos favorables entre las partes.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el seguro de cumplimiento que garantiza la ejecución de contratos estatales tiene su símil entre particulares, por lo cual cualquier contrato que se celebre entre dos particulares o empresas que tengan un régimen jurídico basado en el derecho privado también podrá contar con este tipo de garantía.

El sector asegurador por medio de este tipo de productos ha podido acompañar el desarrollo del país, especialmente en materia de desarrollo de infraestructura. El sector asegurador ha apoyado por medio de la garantía única de cumplimiento la ejecución de los contratos de las vías de tercera, cuarta y quinta generación, desarrollo de infraestructura al interior de las ciudades como por ejemplo la construcción de la avenida 26 en Bogotá o la canalización de arroyos en Barranquilla.

En cualquier caso, el seguro de cumplimiento siempre es una herramienta que podrá brindar tranquilidad y apoyar al desarrollo de diverso tipo de actividades bien sea del sector público o del sector privado.

Por esta razón queremos invitar a toda los interesados en el tema a conocer sobre los aspectos generales de este seguro que voy a tener la oportunidad de explicarcon mas detalle en el programa de “Aspectos generales del seguro de cumplimiento” que oferta el Instituto Nacional de Seguros como brazo académico de la Federación de Aseguradores Colombianos – Fasecolda.

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Contrato de corretaje de seguros de programas de seguro de vida

Les doy la bienvenida a todos los lectores a este espacio dentro del Blog INS donde realizaré artículos de interés y además relatorías sobre jurisprudencia en seguros que son relevantes, no solo para estar actualizados, sino para el análisis de cada uno de ustedes. En esta oportunidad les presento una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá sobre el contrato de corretaje de seguros de “programas de seguro de vida” ¹.

Relatoría 

 Los corredores de seguros no son parte de los contratos de seguro que ofrecen, promueven u obtienen su renovación.  Solo en forma autónoma, sin ninguna vinculación de dependencia, mandato o representación (artículos 1340 y 1347 del Código de Comercio) ponen en contacto a quienes los concluyen. De ahí que el derecho a la comisión surge cuando, gracias a su gestión, tales convenios se materializan o se renuevan. Resulta contingente sostener que las relaciones concretas de seguros ajustadas dentro de un programa de seguro de vida intermediado por un corredor perduran durante toda la vida del asegurado.  

 Su estabilidad se condiciona al pago de las respectivas primas y a los procesos de renovación (artículo 1152 del Código de Comercio). El carácter indefinido del convenio de uso de red, mientras sea eficaz, subsiste con o sin el pago de las primas de las relaciones aseguraticias involucradas dentro de un programa de seguro de vida. Vincular el carácter indefinido de un contrato a otro, el de uso de red, al de corretaje, no pasa de ser subjetivo, extraño a la materialidad u objetivad de las pruebas. El artículo 1341 inciso 2º del Código de Comercio supedita el derecho a la remuneración a la conclusión del respectivo contrato. Al fin de cuentas, se trata de relaciones jurídicas encadenadas. La primera, nace entre el corredor y el cliente. La segunda, surge entre el contratante del intermediario y el tercero con el que se consuma el negocio. La conclusión de este último se erige en requisito para la comisión del corredor. 

Fuente jurisprudencial: 

 La Corte tiene sentado que «a la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el  cual  dirime  la  controversia,  respetar  los límites o contornos que las partes le definen a través de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos fácticos en que se basan ante todo los pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley  permite  reconocer  de  oficio,  cuando  aparecen  acreditadas  en  el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse oficiosamente por el juez»: SC 24 de febrero de 2015, expediente 00108. 

 La Corte, desde vieja data, tiene sentado que el “corredor como simple intermediario no es un mandatario. No tiene la representación del comitente, ni realiza ningún acto jurídico por cuenta de éste. Su intervención se limita a actos materiales para aproximar a los contratantes a fin de que éstos perfeccionen por sí mismos el negocio”: SC 6 de octubre de 1954 (LXXVIII-861) reiterada en fallo de 13 de abril de 1955 (LXXX-13). 

 En ese sentido, la actividad del corredor es  simplemente funcional.  PPara la CCorporación, “no es otra que la de poner en ccontacto, ‘oner en relación’’, oacercar ‘a dos omás personas’, ‘con elfin de que celebren un negocio comercial’ (…)”: SC 122 de 8 de agosto de 2000, expediente 5383. 

 De manera que los corredores son aquellas personas que, por virtud del conocimiento del mercado, y con él la idoneidad y el grado de calificación que éste otorga, tienen como rol profesional y funcional, amén de típico, la intermediación que se ha venido explicando, sin vinculación con ninguna de las partes del futuro contrato, ya por trabajo, ora por mandato o representación, puesto que son independientes, y los de seguros, constituidos como empresa con ese objeto social.  Con todo, vinculaciones como el mandato pueden surgir una vez celebrado el contrato de seguro, por cuanto la limitación legal se ubica en la etapa previa al citado perfeccionamiento:  SC122 de 8 de agosto de 2000, expediente 5383. 

 Luego de acercar a los posibles contratantes, la gestión posterior del corredor no es esencial. Las actuaciones aledañas o adicionales, al decir de la Corte, “«no miden el cumplimiento de la labor del corredor, en tanto (…) ésta se agota con el simple hecho de juntar la oferta y la demanda»: SC 9 de febrero de 2011, expediente 00900.

 

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1 M. PONENTE: OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE NÚMERO DE PROCESO: 11001-31-03-028-2002-00972-01 PROCEDENCIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA NÚMERO DE LA PROVIDENCIA: SC1253-2022 CLASE DE ACTUACIÓN: RECURSO DE CASACIÓN FECHA: 26/04/2022 DECISIÓN: NO CASA 

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Todo tercero es víctima, mas no toda víctima es tercero

El axioma alterum non laedere, es decir, no causar daño a otro, es un principio jurídico que constituye el neminem laedere, de no dañar a nadie, bajo pena de cometerse un acto ilícito, y, por consiguiente, sufrir una sanción, esto es, tener que reparar el daño causado pagando una indemnización al perjudicado (https://revistaconsinter.com).

El legislador colombiano al diseñar la Ley 906 de 2004 optó por el término víctima para referirse a todas las personas naturales o jurídicas que individual o colectivamente han sufrido algún daño como consecuencia del injusto, dentro de las cuales, obviamente, se encuentran los perjudicados en la medida que también han padecido un daño derivado del delito (Concepto CSJ 36513 del 06 de julio de 2011, tipo de providencia Auto Interlocutorio, clase de actuación Casación).

La responsabilidad, entendida como la obligación moral que se tiene a consecuencia de haber cometido una falta, está debidamente regulada por la Legislación Civil Colombiana, por lo que nuestro Código Civil, en su título XXXIV, artículos 2341 a 2360, dispone responsabilidades y sanciones.  El artículo 2341 del citado Código Civil establece, ¨e que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la Ley imponga por la culpa o el delito cometido¨.

Son asegurables la responsabilidad civil contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con las restricciones consagradas en el artículo 1055 del Código de Comercio (norma reguladora de los contratos de seguros). Al tenor del artículo 1055 del Código de Comercio, riesgos inasegurables, se fija, ¨el dolo, la culpa grave, y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno, tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o policivo.

El Código de Comercio Colombiano en su Libro IV. De los contratos y obligaciones mercantiles, título v del contrato de seguro, define el seguro de Responsabilidad Civil. ¨El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la Ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado¨. (Artículo 1127 del Código de Comercio. Modificado, Ley 45 de 1990, artículo 84).

 

La industria aseguradora, en lo que hace a la cobertura de Responsabilidad Civil, tiene estructurada una condición contractual que impone la obligación al beneficiario de la cobertura de probar ante la aseguradora su calidad de Tercero y Afectado, lo que implica que aquel perjudicado por el actuar o no actuar del asegurado del contrato de seguro, se podrá legitimar como beneficiario de la indemnización a título de resarcimiento por el perjuicio recibido, siempre que adicional a su condición de perjudicado demuestre su calidad o condición de Tercero.

 

La cobertura de Responsabilidad Civil, en el contrato de seguro suscrito, establece:  cuando el asegurado es persona natural, tercero es toda persona diferente del asegurado, su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil; cuando el asegurado es una persona jurídica, tercero es toda persona que no sea propietario, administrador o trabajador de la misma, o propietario del bien que soportó el daño cuando éste se encontraba bajo el control, posesión, arriendo, depósito o tenencia del asegurado.   

 

En el contrato de seguro que considere la cobertura de Responsabilidad Civil, en la que incurra el que actúe con la calidad de asegurado, aquel que recibe el perjuicio, la Víctima, se hará al resarcimiento de los perjuicios, a título indemnizatorio,  por parte de la aseguradora, en virtud del indicado contrato de seguro,  únicamente si demuestra, adicional a su afectación económica por el perjuicio recibido, su condición de Tercero, tal y como lo exige el contrato de seguro de Responsabilidad Civil, por ende: todo tercero es víctima, mas no toda víctima es tercero.